LA SEPARACIÓN DE LOS CÓNYUGES POR MÁS DE DOS AÑOS. LA FRACCIÓN XIX DEL ARTÍCULO 226 DEL CÓDIGO CIVIL DE MICHOACÁN. ¿APLICACIÓN RETROACTIVA?

Juan José González Hernández*

  1. ENCUADRE

1.1. Mediante decreto número 139 de fecha 15 de marzo de 2001 dos mil uno, el Congreso del Estado de Michoacán, aprobó diversas reformas en materia de violencia familiar, tanto al Código Penal como al Civil de nuestra Entidad Federativa. Dicho decreto fue publicado en el Periódico oficial del Estado el día 19 de abril de 2001 y en términos de su primer artículo transitorio entró en vigor al día siguiente de su publicación, es decir el día 20 veinte de abril de ese año1.

1.2. Por cuanto ve al Código Civil del Estado de Michoacán, la reforma consistió esencialmente en adicionar un capítulo que define lo que debe considerarse como violencia familiar, modificándose para tal efecto preceptos de dicho ordenamiento sustantivo relativos a la patria potestad y creándose una nueva causal de divorcio, marcada ahora como la fracción XVIII del artículo 2262.

1.3. Igualmente, se adicionó una nueva causal que ya consideraban diversos Códigos Civiles de nuestro país; entre ellos, el del Distrito Federal y el ahora llamado Código Civil Federal, consistente en la separación de los cónyuges por el término de dos años, sin importar la causa de dicha separación, causal que puede ser invocada por cualquiera de ellos, misma que ahora se contempla en nuestro Código Civil Michoacano bajo la fracción XIX3.

1.4. Al estar próximo a cumplirse un año de que las reformas en comento iniciaron su vigencia4, considero conveniente realizar algunas reflexiones sobre algunos tópicos que en la práctica pudieran llegar a darse -si es que no se han presentado ya-, relativos al momento en que la nueva fracción XIX puede aplicarse, ya que no debe olvidarse que se trata de derecho vigente, que pudiera considerarse no aplicable hasta que transcurran dos años de separación de los cónyuges posteriores al inicio de la vigencia, de manera que se podría invocar hasta abril de 2003 dos mil tres; o bien, que se aplicara a los cónyuges que desde antes del inicio de la vigencia de tal adición ya se encontraran separadas por mas de dos años, caso en que de aplicarse inmediatamente la nueva causal se pudiera considerar que se trata de una aplicación retroactiva y por lo mismo inconstitucional y violatoria de garantías individuales.

2. DESARROLLO

2.1. LA FRACCIÓN XIX CREADA EN LA REFORMA DE MARZO DE 2001

Tradicionalmente y desde el Código Civil de 1928 que contempló el divorcio vincular5, se estableció como una de las causales para el divorcio necesario, la separación del hogar conyugal por mas de seis meses sin causa justificada6, aunque por otro lado se condicionó el ejercicio de la acción respectiva al plazo de 6 seis meses en el caso del Distrito Federal -actual Código Civil Federal- y de un  año en Michoacán, ya que de lo contrario se pierde el derecho para demandar7, aunque técnicamente debemos hablar de que el derecho para ejercitar la acción de divorcio caduca.

Resulta ser entonces que aunque en la realidad práctica muchos matrimonios se encontraban separados porque uno de ellos había abandonado el hogar conyugal sin causa justificada, si el cónyuge abandonado no había ejercitado la correspondiente acción de divorcio en el plazo que al efecto señalaba el Código Civil -ya fuera de seis meses o de un año-, era evidente que ya no podía demandar al haberse vencido el plazo de que disponía según el Código Civil, siempre que los hechos que la motivaron subsistieran, y como no existía ninguna otra causal que se actualizara, el cónyuge inocente y abandonado se encontraba eternamente unido en matrimonio al cónyuge que le abandonó sin causa alguna, hasta que se actualizara otra causal diversa o alguno de ellos falleciera, disolviéndose con la muerte el matrimonio.

Tal situación crítica en sí, propició que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentara la tesis de que el abandono es una causal de tracto sucesivo8, para de esta manera el cónyuge abandonado que había dejado transcurrir el plazo correspondiente para ejercitar la acción de divorcio, pudiera demandar y no continuara en una situación de indefinición legal, al estar casado, pero separado y en muchas ocasiones ya llevando vida en común con alguien más.

También aconteció que en algunos casos el abandono del hogar conyugal se llevaba a cabo por el cónyuge inocente, debido a que el que permanecía en el hogar -abandonado- había realizado conductas que constituían causales de divorcio, pero el cónyuge que abandonaba el hogar conyugal con causa justificada, por las razones que fuera, no ejercitaba su acción dentro de los plazos que establece la ley -plazo de caducidad-, por lo que entonces el derecho a demandar el divorcio correspondía al cónyuge culpable y abandonado, como lo establece la fracción IX del artículo 267 del actual Código Civil Federal y fracción IX del artículo 226 del Código Civil de Michoacán9.

De igual forma, se daban y siguen dándose abandonos de domicilios que propiamente no pueden considerarse como “domicilio conyugal”, ya que para ello es menester que habiten los esposos en forma autónoma, con plena autoridad y libre disposición en el cuidado y dirección del hogar10, por lo que cuando viven con hermanos, padres o parientes como se denomina popularmente en “calidad de arrimados”, legalmente no existe abandono del hogar conyugal11.

Lo anterior implica en la práctica una gran problemática tanto para los abogados postulantes, como para los juzgadores, ya que si no ha existido lo que jurídicamente debe considerarse como domicilio conyugal, porque los cónyuges viven en “calidad de arrimados”, el abandono del domicilio común no podía ser, ni sería causal de divorcio por sí misma, de manera que aún pese a la separación física, debían permanecer unidos en matrimonio hasta en tanto no se disolviera el vínculo por mutuo consentimiento o por la sobreveniencia de una verdadera causal; de forma tal que las demandas entabladas en estas condiciones normalmente no prosperaban, prolongando una situación legal de matrimonio de hecho inexistente.

Recapitulando: como sólo se consideraba de tracto sucesivo al abandono cuando los hechos que la motivaron subsistan y peor aún, cuando existía verdaderamente un domicilio conyugal en donde ambos cónyuges tuvieran independencia, autoridad y consideraciones iguales, lo que no ocurre cuando viven en calidad de “arrimados”, lo resuelto por la Corte y Tribunales Federales -de que se podía ejercitar la acción en cualquier momento por ser de tracto sucesivo- no era aplicable a todos los casos en los que había existido un abandono del hogar conyugal o que sin haber hogar conyugal sí existía la separación de los consortes, por lo que la situación problemática de separación de hechos de los esposos subsistía, sin que existiese causal alguna mediante la cual pudiese ejercitarse el divorcio necesario12.

De esta forma es que seguramente todo lo anteriormente señalado motivó a los legisladores para que se implementara, vía la adición correspondiente, una nueva causal de divorcio necesario, consistente simple y llanamente en la separación de los cónyuges por mas de dos años sin importar la causa que hubiere originado ésta, causal que podía ser invocada indistintamente por cualquiera de ellos. Esta nueva causal fue enmarcada como la fracción XVIII del artículo 267 del Código Civil para el Distrito Federal, actualmente Código Civil Federal.

Así, los Códigos Civiles de las Entidades Federativas de nuestro País, poco a poco fueron adoptando la reforma que marcó el entonces Código Civil para el Distrito Federal e introdujeron como causal la separación de los cónyuges por dos años, sin importar la causa que la hubiere originado, hasta que finalmente esa reforma alcanzó al Código Civil de Michoacán, verdaderamente atrasado al respecto, siendo así como mediante el decreto legislativo número 139 de fecha 15 de marzo de 2001 dos mil uno, el Congreso del Estado de Michoacán, incluyó en una adición la referida causal, misma que quedó marcada como la fracción XIX del artículo 226 y que dice lo siguiente:

          “Art. 226. Son causas de divorcio: ... XIX. La separación de los cónyuges por el término de 2 dos años, independientemente del motivo que haya originado la separación, la cual podrá ser invocada por cualquiera de ellos.”

Esta causal de la separación de los cónyuges por más de dos años a que nos referimos, tiene en esencia aspectos muy importantes que debemos si no analizar, si por lo pronto puntualizar: a) No se refiere a la separación o abandono del hogar conyugal, por lo que los consortes pueden o no tenerlo y aún así la causal se configura; b) igualmente no importa para nada cuál fue la causa que dio origen a la separación de los cónyuges, sino el hecho en sí de no estar juntos, y; c) finalmente, puede ser ejercitada por cualquiera de los cónyuges, indistintamente.

2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Como ya se ha dicho, el decreto legislativo del Estado de Michoacán, número 139 de fecha 15 de marzo de 2001 dos mil uno, fue publicado el 19 diecinueve de abril del mismo y comenzó su vigencia al día siguiente; por lo tanto, la actual y nueva causal que consagra la fracción XIX del artículo 226 a que nos hemos venido refiriendo, es derecho vigente a partir de la última fecha. Sin embargo, debido a que esa causal o fracción en particular se refiere a un plazo de 2 dos años que debieron transcurrir antes de que la acción respectiva se plantee en juicio, surge una doble la incógnita:

I. ¿Es posible ejercitar la acción de divorcio fundada en la fracción XIX del artículo 226 del Código Civil de Michoacán inmediatamente que la misma cobró vigencia?

II. ¿Debe transcurrir el plazo de 2 dos años de separación de los cónyuges a partir de la vigencia de la norma jurídica -nueva causal- y ejercitarse la acción transcurridos dos años del inicio de la vigencia de ésta -lo que ocurriría en abril de 2003-?

A su vez, la primera incógnita nos plantea un segundo cuestionamiento: ¿Si se aplica inmediatamente, la nueva causal se estaría aplicando retroactivamente con violación del artículo 14 Constitucional y la correspondiente garantía individual en perjuicio de la parte demandada?

Ahora bien, suponiendo sin conceder, que  se considerara que la reforma no puede ni debe aplicarse sino hasta transcurridos dos años de su inicio de vigencia, es decir hasta el 2003 dos mil tres, pues de hacerlo antes sería aplicarla retroactivamente en perjuicio del cónyuge demandado, pero alguna persona -cónyuge- que se encontrase separado de su consorte desde hacía más de dos años antes de que se legislara la nueva causal de referencia e iniciada la vigencia del decreto legislativo presentara su demanda ante el Juez Familiar correspondiente, sin importarle si se trata o no de una aplicación retroactiva:

¿El juez de primera instancia debe desechar la demanda o debe admitirla? Si el Juez admite la demanda y el demandado al defenderse opone una excepción aduciendo que se aplica retroactivamente la nueva fracción XIX y que sólo se podrá hacer hasta abril de 2003, ¿el Juez puede declarar procedente la excepción y declarar que la acción así ejercitada violaría garantías individuales al transgredir el artículo 14 Constitucional? Si el Juez admite la demanda y el demandado no opone excepción alguna aduciendo que se aplica retroactivamente la nueva fracción XIX y por lo mismo no indica que sólo se podrá hacer hasta abril de 2003, ¿el Juez está en posibilidad de oficiosamente declarar improcedente la acción ejercitada y absolver a la parte demandada? Si el Juez indebidamente declara la procedencia de la acción, pero la parte demandada interpone recurso de apelación, ¿el Magistrado en Segunda Instancia puede en base a los agravios revocar la sentencia y absolver al demandado porque se violaría en perjuicio del demandado la garantía de irretroactividad de la ley? Si el Juez indebidamente declara la procedencia de la acción, pero la parte demandada interpone recurso de apelación, ¿el Magistrado en Segunda Instancia puede oficiosamente y sin que exista agravio alguno al respecto, revocar la sentencia y absolver al demandado, aduciendo que se viola en su perjuicio la garantía de irretroactividad de la ley?

2.3. LA GARANTÍA DE  NO RETROACTIVIDAD DE LA LEY

2.3.1. CONCEPTO

Sin pretender desarrollar el tema, que es de explorado derecho, debemos recordar simplemente que el artículo 14 de la Constitución, en su primer párrafo establece: “A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.”

Tal apartado establece lo que se llama irretroactividad de la ley o garantía de no retroactividad de la ley. Dentro de la Teoría General del Derecho se habla de la aplicación de la ley en el tiempo o del ámbito temporal de validez de la norma jurídica. De manera general, se ha señalado que la irretroactividad de la ley constituye un principio del derecho, según el cual las disposiciones contenidas en las normas jurídicas no deben ser aplicadas a los hechos que se realizaron antes de la entrada en vigor de dichas normas13.

Existen diversas teorías respecto del tema de irretroactividad de la ley, como la de los derechos adquiridos, postulada por diversos tratadistas durante el siglo XIX, destacándose el francés Merlín14; también existe la Teoría Clásica de Baudry-Lacantinerie y Houques-Fourcade15, derivada de la de los derechos adquiridos; Julién Bonnecase16, por su parte hace importantes aportaciones al diferenciar los conceptos de situación jurídica abstracta y situación jurídica concreta. Nicolás Coviello17  postuló en Italia su teoría de los hechos cumplidos y, finalmente, se considera más vigente la que postula Paul Roubier18, quien marca la distinción entre el efecto retroactivo y el efecto inmediato de la ley.

Pese a lo anterior y dadas las limitaciones de este sencillo trabajo, simplemente nos limitaremos a reiterar lo señalado por el maestro Héctor Fix Zamudio19  al decir que “ha sido muy amplia la discusión de la doctrina y numerosas las tesis jurisprudenciales que han tratado de definir el concepto de retroactividad, sin lograr un criterio preciso, por lo que en términos muy amplios se puede afirmar que un ordenamiento o su aplicación tienen carácter o efectos retroactivos cuando afectan situaciones legales anteriores, o cuando lesionan efectos posteriores de tales situaciones o derechos que están estrechamente vinculados con su fuente y no pueden apreciarse de manera independiente”.

Es conveniente, sin embargo señalar, como es de explorado derecho, que el artículo 14 Constitucional tiene una importantísima restricción al principio de irretroactividad, ya que señala que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna y, de esta forma, autoriza implícitamente la aplicación retroactiva de la ley en el caso de que nadie resulte dañado por ella.

Esta es la razón del por qué en materia penal existen disposiciones que se aplican retroactivamente en beneficio de los procesados y sentenciados20, pero debe aclararse que la aplicación retroactiva en beneficio de alguna persona no constituye una obligación o una garantía individual, como se ha sostenido en la jurisprudencia cuyo rubro dice: “IRRETROACTIVIDAD, GARANTÍA DE. NO OBLIGA A APLICAR RETROACTIVAMENTE LA LEY CUANDO BENEFICIA A UN PARTICULAR” 21.

La Suprema Corte de Justicia, como ya sostenía el maestro Fix-Zamudio, ha debatido en diversas ocasiones el tema de la retroactividad de la ley, señalando conceptos y definiendo su alcance entre otras muchas tesis en  las siguientes, por lo que nos remitimos a su contenido:

RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. El problema de la aplicación de las leyes en cuanto al tiempo, descansa en la distinción entre el efecto inmediato y el retroactivo de las mismas, consistiendo, el primero, en la aplicación de la ley en el presente, y el segundo, en el pasado. el principio general es el de que la aplicación de la ley es inmediata, esto es, que se aplique en el presente, de manera que una ley es retroactiva cuando vuelve sobre el pasado , sea para apreciar las condiciones de legalidad de un acto, o para modificar los efectos de un derecho ya realizado22.

RETROACTIVIDAD.  La Ley retroactiva cuando vuelve al pasado, para cambiar, modificar o suprimir los derechos individualmente adquiridos ya; y según los tratadistas, los derechos que se derivan inmediatamente de un contrato, son derechos adquiridos23.

RETROACTIVIDAD DE LA LEY. La Constitución de 1857 establecía expresamente que no se podía expedir ninguna ley retroactiva; pero tal concepto fue suprimido por la Constitución de 1917, y ahora sí se puede, constitucionalmente hablando, expedir una ley retroactiva; lo que no se puede es "dársele efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna", como lo dispone el artículo 14 de la última Constitución citada24.

RETROACTIVIDAD DE LA LEY.  La ley es retroactiva cuando vuelve sobre el pasado, sea para apreciar las condiciones de legalidad de un acto, o para modificar o suprimir los efectos de un derecho ya realizado25.

2.4. LAS LEYES PROCESALES COMO EXCEPCIÓN A LA IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY

Simplemente por ser algo necesario para el tema, debe recordarse que en materia de reformas procesales, como regla general no existe retroactividad siempre que no se prive de alguna facultad con que ya se contaba; de forma tal que si antes de que se actualice o lleve a cabo una etapa procesal, el legislador modifica la tramitación de ésta, suprime un recurso, amplía un término, modifica la valoración de las pruebas, etc., no existe retroactividad de la ley si tal reforma se aplica, ya que la serie de facultades que dan la posibilidad de participar en esa etapa, al no haberse actualizado ésta, no se ven afectadas.

Así, se ha pronunciado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la siguiente jurisprudencia26:

RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL.  Una ley procesal está formada, entre otras cosas, por normas que otorgan facultades que dan la posibilidad jurídica a una persona de participar en cada una de las etapas que conforman el procedimiento y al estar regidas esas etapas por las disposiciones vigentes en la época en que van naciendo, no puede existir retroactividad mientras no se prive de alguna facultad con que ya se contaba; por tanto, si antes de que se actualice una etapa del procedimiento el legislador modifica la tramitación de éste, suprime un recurso, amplía un término, modifica la valoración de las pruebas, etc., no existe retroactividad de la ley, ya que la serie de facultades que dan la posibilidad de participar en esa etapa, al no haberse actualizado ésta, no se ven afectadas.

Amparo en revisión 4738/85. Roberto Ayala de la Cruz. 23 de junio de 1988. Unanimidad de veintiún votos de los señores ministros: de Silva Nava, López Contreras, Cuevas Mantecón, Alba Leyva, Azuela Güitrón, Castañón León, Díaz Infante, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Gutiérrez de Velasco, González Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, Suárez Torres, Schmill Ordóñez, Díaz Romero, Chapital Gutiérrez y Presidente del Río Rodríguez. Ponente: Ángel Suárez Torres. Secretaria: Concepción Martín Argumosa.

Cabe aclarar de una vez que, tratándose de la fracción XIX al artículo 226 del Código Civil del Estado de Michoacán, a que nos hemos venido refiriendo, se trata de cuestiones sustantivas y no procesales. Por ello, sí pudiera existir aplicación retroactiva tratándose de la fracción XIX del artículo 226 del Código Civil de Michoacán, que nos ocupa.

2.5. LA FRACCIÓN XIX DEL ARTÍCULO 226 DEL ESTADO DE MICHOACÁN Y LA RETROACTIVIDAD DE LA LEY

Sentado todo lo anterior, es momento ahora de analizar brevemente si la reforma de abril de 2001 dos mil uno, mediante la cual se adicionó la fracción XIX al artículo 226 del Código Civil del Estado de Michoacán, es susceptible de ser aplicada retroactivamente con violación a lo que consagra el artículo 14 de la Constitución, es decir en perjuicio de alguna persona.

Si a partir de la vigencia de la reforma, es decir desde abril de 2001 dos mil uno, se pretendiera aplicar la fracción XIX del artículo 226 del Código Civil de Michoacán, que señala que es causal de divorcio la separación de los cónyuges por mas de dos años, sin importar el origen de la misma, para su ejercicio ante los tribunales sería menester que ya hubiesen transcurrido los dos años a que dicha fracción se constriñe.

Ello conllevaría necesariamente a computar como inicio de ese plazo de dos años de separación de los consortes un momento dado que evidentemente debe ubicarse antes de que la norma civil hubiese existido, por lo que es evidente que en este caso a la ley se le estaría dando afectos que se proyectan en el tiempo hacia el pasado y consiguientemente aplicarla de esa manera sería hacerlo retroactivamente.

La forma en que la reforma no se aplicaría retroactivamente, es que los cónyuges se separaran a partir de que la fracción XIX del artículo 226 del Código Civil haya entrado en vigor -abril de 2001-, o bien si ya se encontraban separados, que el plazo de dos años se comenzara a computar a partir de ese momento. Hacerlo de otra manera es darle efectos retroactivos a la ley. Sin embargo, señalado lo anterior, debemos preguntarnos si de aplicarse retroactivamente la reforma a que nos referimos, ¿se causa perjuicio a persona alguna? La respuesta es sí. Sí se causa perjuicio al cónyuge demandado por esa causal, si antes de abril de 2003 se aplicara, pues se haría retroactivamente y se afectaría al cónyuge demandado, pues éste tiene el derecho de que las cuestiones de su estado civil se resuelvan conforme a leyes vigentes, mas aún cuando la familia, creada por el matrimonio, es la célula de la sociedad y, por ello, el Estado se encuentra obligado a fomentar su preservación, de ahí que solamente por causas verdaderamente graves -señaladas por el legislador- es que se permita en determinados casos la disolución del vínculo matrimonial, causas o causales que deben estar vigentes y ser debidamente probadas en forma plena. Por tanto, es evidente pues que tal causal de separación por más de dos años solamente se puede invocar hasta abril de 2003 dos mil tres; nunca antes.

Considero conveniente apuntar que ya diversos Tribunales Federales se han ocupado del tema y que por lo mismo se han pronunciado el respecto señalando esencialmente que la aplicación de la causal en comento debe ser a partir de su vigencia, momento a partir del cual debe iniciarse el cómputo del plazo de dos años, ya que de no ser así su aplicación sería retroactiva, como se ha apuntado, tan es así que ya existe jurisprudencia al respecto, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito27, y también por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito28 , que dice:

 

DIVORCIO, SEPARACIÓN DE LOS CÓNYUGES POR MÁS DE DOS AÑOS COMO CAUSAL DE. APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 267 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL.  La reforma que estableció la causal de divorcio derivada de la separación de los cónyuges, por más de dos años, independientemente del motivo que haya originado la separación, creada por el legislador mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 27 de diciembre de 1983 y que inició su vigencia noventa días después, no puede regir hacia el pasado, porque de admitirse lo contrario sería tanto como aplicarla retroactivamente, habida cuenta que la nueva ley no puede sancionar hechos anteriores estimados como lícitos en la época respectiva, por carecer de sanción legal, y una correcta interpretación del principio de irretroactividad, impide a la ley aplicarse hacia el pasado, destruyendo o modificando hechos y actos jurídicos consumados con anterioridad a su vigencia, ya que de lo contrario, sería violatoria de la garantía de irretroactividad, establecida en el artículo 14 constitucional, cuyo propósito es evitar la expedición de leyes que afecten a un hecho particular determinado, que ya aconteció y que no era sancionado, como sucede en el caso de separación de los cónyuges, cuya conducta no se sancionaba.

 

                                      SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

                                      Octava Época:

                                      Amparo directo 412/85. Frida Glauberman Lipzis. 15 de abril de 1986. Unanimidad de votos.

                                      Amparo directo 182/87. Raquel Tufiño de Rodríguez. 16 de febrero de 1987. Unanimidad de votos.

                                      Amparo directo 2622/87. Mario Vázquez. 25 de noviembre de 1987. Unanimidad de votos.

                                      Amparo directo 3402/87. Fabiola Arce Chávez. 15 de febrero de 1988. Unanimidad de votos.

                                      Amparo directo 1392/88. Gabriel Torres Vázquez. 31 de mayo de 1988. Unanimidad de votos.

 

No menos interesante resulta la siguiente ejecutoria que se refiere a la misma causal, pero implementada en el Código Civil del Estado de México29:

 

DIVORCIO, IRRETROACTIVIDAD DEL ARTÍCULO 253 FRACCIÓN XVIII DEL CÓDIGO CIVIL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MEXICO).  El artículo 14 constitucional consagra cuatro garantías individuales siendo la primera la de la irretroactividad legal, contenida precisamente en el primer párrafo de dicho precepto legal y el cual textualmente expresa lo siguiente: "A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." Por otra parte toda disposición legal tiene una vigencia determinada en cuanto al tiempo y su permanencia o duración está supeditada en dos momentos, cuando se crea y hasta que se deroga o abroga expresa o tácitamente por una nueva norma; y está destinada a regular todos los hechos, actos y situaciones que tienen lugar durante ese lapso limitado por esos dos momentos. Por tanto toda ley a partir del momento que entre en vigor rige para el futuro, es decir, está dotada de validez de regulación para todos aquellos hechos, actos y situaciones que se suceden con posterioridad al momento de su vigencia y por ende una disposición legal no debe normar acontecimientos producidos con anterioridad al instante en que entró en vigor tal disposición, ya que éstos quedan al imperio de la ley antigua. En el caso concreto, la quejosa pretende que se aplique retroactivamente la fracción XVIII del artículo 253 del Código Civil del Estado de México, y la que expresa textualmente lo siguiente: "Artículo 253. Son causas de divorcio; XVIII. La separación de los cónyuges por más de dos años, independientemente del motivo que haya originado la separación la cual podrá ser invocada por cualesquiera de ellos." Dicha pretensión es infundada ya que tal fracción a partir del momento que entró en vigor rige para el futuro, esto es con posterioridad al momento de su vigencia; por tanto esa causal debe interpretarse en el sentido de que la separación de dos años ha de ser a futuro, computándose ese tiempo a partir de la fecha en que entró en vigor y no retroactivamente como se plantea pues esto equivaldría a normar acontecimientos producidos con anterioridad al momento en que entró en vigor la causal en cuestión.

 

                            PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO.

                            Amparo directo 666/95. Elda Alicia Castellanos Lozano. 12 de julio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Pérez González. Secretario: Nicolás Castillo Martínez.

                            Amparo directo 487/95. Rigoberto Zacarías Hernández Benítez. 25 de mayo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Narváez Barker. Secretario: Alejandro García Gómez.

                            Amparo directo 406/95. Julia Fernández Gaos. 10 de mayo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Pérez González. Secretaria: Vianey Gutiérrez Velázquez.

En el mismo sentido se encuentra la siguiente ejecutoria, también en relación al Código Civil del Estado de México30.

 

DIVORCIO. SEPARACIÓN DE LOS CÓNYUGES POR MÁS DE DOS AÑOS COMO CAUSAL DE. IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.  El artículo 253, fracción XVIII del Código Civil del Estado de México, determina como causa de divorcio necesario, la separación de los cónyuges por más de dos años, independientemente del motivo que haya originado la separación, misma que podrá ser invocada por cualquiera de ellos. Tal disposición fue adicionada al cuerpo legal en cita el veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y dos, entrando en vigor el treinta de diciembre del mismo año. Por otro lado el numeral 5o. del código sustantivo civil prevé la inaplicación de la retroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna. En esa virtud, si desde el inicio de vigencia del artículo que contempla la causal referida, hasta el momento de la presentación de la demanda, no ha transcurrido el término a que hace alusión, es improcedente la acción de divorcio, pues no es dable computar el término de separación de los cónyuges anterior al tiempo en que cobró vigencia la norma , toda vez que se estarán sancionando conductas o situaciones ocurridas con anterioridad a la expedición e inicio de vigencia del precepto legal, las cuales al momento en que se suscitaron no estaban sancionadas, prohibidas, limitadas o reguladas por norma jurídica alguna.

 

                            PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.

                            Amparo directo 1070/93. Idelfonso López Colín. 10 de febrero de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Ceja Villaseñor. Secretaria: Teresita del Niño Jesús Palacios Iniestra.

Finalmente, por cuanto ve a la manera de efectuarse el cómputo correspondiente del plazo de dos años, resulta ilustrativa la siguiente tesis31:

 

 

DIVORCIO, CÓMPUTO DEL TÉRMINO QUE PREVÉ LA FRACCIÓN XVI DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE PUEBLA, COMO CAUSAL DE.  La fracción XVI del artículo 454 del Código Civil para el Estado de Puebla, que establece como causal de divorcio "La separación de los cónyuges por más de dos años, independientemente del motivo que la haya originado; esta causal podrá ser invocada por cualquiera de ellos ...", debe interpretarse en el sentido de que ese tiempo de separación tuvo lugar después del quince de septiembre de mil novecientos noventa y ocho en que entró en vigor, en razón de que a partir de esa fecha se reguló ese supuesto; considerar lo contrario, vulneraría el principio de no aplicación retroactiva de la ley establecida en el artículo 14 constitucional.

 

                            SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.

                                      Amparo directo 496/2000. Francisco Cabrera Silva. 24 de noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretaria: Martha Gabriela Sánchez Alonso.

2.6. PROBLEMAS DERIVADOS DEL EJERCICIO DE UNA ACCIÓN DE DIVORCIO NECESARIO, ANTES DE ABRIL DE 2003

Ya con antelación se habían planteado diversas cuestiones que en forma práctica se pudieran dar ante los tribunales si alguna persona antes de abril de 2003 dos mil tres ejercitara una acción de divorcio necesario aduciendo como causal la separación con su cónyuge por mas de dos años, por lo que brevemente señalaremos algunas consideraciones al respecto.

2.6.1. DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA FRACCIÓN XIX DEL ARTÍCULO 226 DEL ESTADO DE MICHOACÁN

Debemos recordar que el artículo 133 de la Constitución, establece el control constitucional por vía de excepción o control difuso, que por la esencia de esta sencillo trabajo no abordaremos.

Empero, debemos recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tajantemente ha señalado que el control difuso de la constitucionalidad de normas generales está prohibido a las autoridades jurisdiccionales y que el artículo 133 constitucional no lo autoriza; de ahí que ningún Juez o autoridad jurisdiccional -no necesariamente judicial- pueda emitir una declaración de inconstitucional, pese al texto de la Carta Magna.

Sin entrar a la discusión de tan apasionante tema, nos limitaremos a señalar que ni el Juez Familiar, Civil o Mixto de Michoacán, ni tampoco los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, pudieran aducir que la aplicación retroactiva -antes de abril de 2003- de la reforma de referencia, si se aplicara como se ha explicado la fracción XIX del artículo 226 del Código Civil de Michoacán, es inconstitucional por violarse el artículo 14 Constitucional al ser retroactiva, de acuerdo con la jurisprudencia número 74 dictada en 1999 por el Pleno de la Corte, que dice32:

 

CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN. El texto expreso del artículo 133 de la Constitución Federal previene que ''Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.'' En dicho sentido literal llegó a pronunciarse la Suprema Corte de Justicia; sin embargo, la postura sustentada con posterioridad por este Alto Tribunal, de manera predominante, ha sido en otro sentido, tomando en cuenta una interpretación sistemática del precepto y los principios que conforman nuestra Constitución. En efecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el artículo 133 constitucional, no es fuente de facultades de control constitucional para las autoridades que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales, respecto de actos ajenos, como son las leyes emanadas del propio Congreso, ni de sus propias actuaciones, que les permitan desconocer unos y otros, pues dicho precepto debe ser interpretado a la luz del régimen previsto por la propia Carta Magna para ese efecto.

 

                            P./J. 74/99

                                      Amparo en revisión 1878/93.Sucesión intestamentaria a bienes de María Alcocer vda. de Gil.-9 de mayo de 1995. Once votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo.Secretario: Alfredo López Cruz.

                                      Amparo en revisión 1954/95.José Manuel Rodríguez Velarde y coags. 30 de junio de 1997.Once votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Mario Flores García.

                                      Amparo directo en revisión 912/98. Gerardo Kalifa Matta. 19 de noviembre de 1998. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Alejandro Villagómez Gordillo.

                                      Amparo directo en revisión 913/98. Ramona Matta Rascala. 19 de noviembre de 1998. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo; en su ausencia, hizo suyo el proyecto Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Miguel Ángel Ramírez González.

                                      Amparo directo en revisión 914/98. Magda Perla Cueva de Kalifa.19 de noviembre de 1998. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guillermina Coutiño Mata.

2.6.2. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA O NO ADMISIÓN DE LA MISMA

Otra cuestión que debe señalarse es si el Juez antes de abril de 2003 dos mil tres, debe o no admitir una demanda presentada en la que se ejercite la acción de divorcio necesario aduciendo la separación de los cónyuges por mas de dos años, señalando que aún no es momento para que se ejercite, pues de hacerlo su aplicación sería retroactiva en perjuicio del cónyuge demandado.

Considero que lo anterior no es factible, ya que la procedencia de la acción debe ser analizada necesariamente en sentencia y el Juez no puede ni debe prejuzgar sobre  la misma al momento de admitir la demanda, por ello aún y cuando se considerara que la acción no prosperará por ser retroactiva en perjuicio de tercero, no debe desecharse la demanda.

Al respecto y, en lo conducente, resulta aplicable la ejecutoria que bajo el rubro DEMANDA. ES ILEGAL DESECHARLA POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. (LEGISLACION DEL ESTADO DE PUEBLA), ha sustentado el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito33. De la misma manera, se advierte que la procedencia de la acción debe analizarse necesaria y fatalmente en la sentencia y no en algún otro memento procesal, como se deduce de la ejecutoria intitulada: ACCION. LAS CONDICIONES ESPECIALES PARA SU PROCEDENCIA, DEBEN SER ANALIZADAS DE OFICIO POR EL JUZGADOR EN LA SENTENCIA DEFINITIVA. (LEGISLACION DEL ESTADO DE PUEBLA), también sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito34.

2.6.3. IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN POR RETROACTIVIDAD DECLARA EN LA SENTENCIA

Otros de los planteamientos hechos eran:

¨      Si el Juez admite la demanda y el demandado al defenderse opone una excepción aduciendo que se aplica retroactivamente la nueva fracción XIX del artículo 226 del Código Civil del Estado de Michoacán, y que sólo se podrá hacer hasta abril del 2003, ¿el Juez puede declarar procedente la excepción y declarar que la acción así ejercitada violaría garantías individuales al transgredir el artículo 14 Constitucional?

¨      Si el Juez admite la demanda y el demandado no opone excepción alguna aduciendo que se aplica retroactivamente la nueva fracción XIX del artículo 226 del Código Civil del Estado de Michoacán, y por lo mismo no indica que sólo se podrá hacer hasta abril de 2003, ¿el Juez está en posibilidad de oficiosamente declarar improcedente la acción ejercitada y absolver a la parte demandada?

¨      Si el Juez indebidamente declara la procedencia de la acción, pero la parte demandada interpone recurso de apelación, ¿el Magistrado en Segunda Instancia puede en base a los agravios revocar la sentencia y absolver al demandado porque se violaría en perjuicio del demandado la garantía de irretroactividad de la ley?

¨      Si el Juez indebidamente declara la procedencia de la acción, pero la parte demandada interpone recurso de apelación, ¿el Magistrado en Segunda Instancia puede oficiosamente y sin que exista agravio alguno al respecto, revocar la sentencia y absolver al demandado, aduciendo que se viola en su perjuicio la garantía de irretroactividad de la ley?

Los anteriores cuestionamientos, como tiene una vinculación común y estrecha, serán comentados en forma conjunta.

Ya señalamos con anterioridad que el juzgador no puede ni debe realizar declaración de inconstitucionalidad alguna, ya que el control difuso le está prohibido. Sin embargo, debemos recordar que los artículos 6º y 5º de los Códigos Civiles de Michoacán y Federal, respectivamente, establecen que en ningún caso se dará efecto retroactivo a las leyes y disposiciones gubernativas, con perjuicio de tercero.

Por otro lado, la procedencia de la acción es una cuestión que de oficio debe analizarse por el juzgador, como se ha sostenido en la jurisprudencia con el rubro: “ACCION. ESTUDIO OFICIOSO DE SU IMPROCEDENCIA” 35. 

Si para el ejercicio de la acción fatalmente debe existir un precepto legal vigente que consagre un derecho aplicable en favor del actor es evidente que no debe declararse la procedencia de la acción y el juzgador incluso oficiosamente puede y debe declarar la improcedencia de la acción, por tratarse de cuestiones que acarrean una aplicación retroactiva de la ley, lo que además está prohibido por disposición de los artículos 6º y  5º de los Códigos Civiles Estatal y Federal.

Lo anterior debe acontecer también en segunda instancia, incluso ante la falta de agravio, ya que en este caso al tratarse de cuestiones referentes al matrimonio y su disolución, estamos en presencia de cuestiones de orden público, que en este caso son de trascendencia extrema y por ello el Magistrado debe conservar el orden jurídico e impedir que ante la falta de un agravio adecuado o ante la inexistencia del mismo, se declare disuelto un matrimonio por una causal, que aunque vigente, no es aplicable pues de serlo se estaría aplicando retroactivamente en perjuicio de terceros.

3. CONCLUSIONES

3.1. La fracción XIX del artículo 226 del Código Civil de Michoacán, aunque vigente no es aplicable sino hasta que transcurran dos años a partir del inicio de su vigencia.

3.2 Solamente se podrá invocar la fracción XIX del artículo 226 del Código Civil de Michoacán, a partir de abril de 2003.

3.3. Si se llegare a presentar alguna demanda en la que la acción de divorcio necesario se funde en la fracción XIX del artículo 226 del Código Civil de Michoacán, el juez debe admitirla.

3.4. Exista o no excepción al respecto, si la acción se ejercita antes de abril de 2003, el Juez puede y debe oficiosamente declarar la improcedencia de la acción.

3.5. Igualmente exista o no agravio al respecto, si la acción se ejercita antes de abril de 2003, el Magistrado en la apelación  puede y debe oficiosamente declarar la improcedencia de la acción y revocar la sentencia de primera instancia que hubiere declarado la procedencia de la acción, por ser el estado civil de las personas cuestiones de orden público.

 

___________________

* Profesor Titular de Derecho Procesal Mercantil, Derecho Mercantil Internacional, Derecho Notarial y Derecho Internacional Privado en la Universidad Latina de América, A.C.; Profesor por oposición de Derecho Mercantil y Derecho Procesal Civil en la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; postulante y Abogado Externo y Consultor de Banca Promex, S.A., Banca Serfín, S.A., Banco del Centro, S.A., Banpaís, S.A. y Banco Santander Mexicano, S.A.; miembro de la “Barra Michoacana Colegio de Abogados”, A.C.

 1 Consúltese el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, número 69, Tomo CXXV, Tercera Sección,  del jueves 19 de abril de 2001, pp. 1-4

2 La fracción XVIII dice: “Art. 226. Son causales de divorcio, las siguientes: ... XVIII. Las conductas de violencia familiar  cometidas por uno de los cónyuges contra el otro o hacia los hijos de ambos o de alguno de ellos. Para los efectos de este artículo se entiende por violencia familiar lo dispuesto en el artículo 249-B de este Código.”

3  La nueva fracción XIX establece lo siguiente: “Art. 226. Son causales de divorcio, las siguientes: ... XIX. La separación de los cónyuges por el término de 2 dos años, independientemente del motivo que haya originado la separación, la cual podrá ser invocada por cualquiera de ellos.”

4 La citada reforma se publicó en el Periódico Oficial del Estado el día 19 diecinueve de abril del 2001, teniendo vigencia al día siguiente según su primer artículo transitorio.

5 Recuérdese que antes no existía mas que el divorcio separación de cuerpos o no vincular, ya que no dejaba sin efectos el vínculo matrimonial, sino que solamente decretaba la no cohabitación en común.

6 En el Código Civil para el Distrito Federal, ahora Código Civil Federal tal causal corresponde a la fracción VIII del artículo 267.

7 Confróntese el artículo 278 del actual Código Civil Federal y con el artículo 236 del Código Civil de Michoacán.

8 DIVORCIO, ABANDONO DEL DOMICILIO CONYUGAL COMO CAUSAL DE.  La causal de divorcio consistente en el abandono o separación de la casa conyugal por más de seis meses sin causa justificada, se refiere a un lapso continuo y es de tracto sucesivo o de realización continua, por lo que la acción no caduca y puede ejercitarse cualquiera que sea el tiempo por el cual se prolongue el abandono, si los hechos que la motivan subsisten cuando se ejercita.

Sexta Época:

Amparo civil directo 8523/43. Curiel Juan. 26 de marzo de 1947. Unanimidad de cuatro votos.

Amparo civil directo 5031/40. Rocco de la Fuente Nicolás. 15 de marzo de 1950. Unanimidad de cuatro votos.

Amparo directo 5219/51. María Isabel Valdez de Arrambide. 25 de octubre de 1951. Unanimidad de cuatro votos.

Amparo civil directo 1211/52. Hernández Magdaleno. 11 de julio de 1952. Unanimidad de cuatro votos.

Amparo directo 2625/59. Jorge Gamboa Salazar. 2 de julio de 1962. Cinco votos.

Sexta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Apéndice de 1995. Tomo: Tomo IV, Parte  SCJN. Tesis: 210. p. 144.

9 Las fracciones IX de los preceptos mencionados dicen así: Código Civil Federal, Art. 226. ... IX. La separación del hogar conyugal originada por causa que sea bastante para pedir el divorcio, si se prolonga por mas de un año, sin que el cónyuge que se separó entable la demanda de divorcio.”; por su parte el Código Civil de Michoacán, señala lo que sigue: “Art. 226.... IX. La separación del hogar conyugal originada por causa que sea bastante para pedir el divorcio, si se prolonga por, mas de un año, sin que el cónyuge separado entable la demanda de divorcio.”

10 DIVORCIO, CONCEPTO DE DOMICILIO CONYUGAL PARA LOS EFECTOS DEL. Como domicilio conyugal debe entenderse aquel en el que habitan los esposos en forma autónoma, con plena autoridad y libre disposición en el cuidado y dirección del hogar.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo directo 241/90. Carlos Esteban Lewenstein Hernández. 16 de octubre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Brito Velázquez. Secretaria: Luz del Carmen Herrera Calderón.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Época: Octava. Tomo VII-Enero. Tesis Aislada. p. 231.

11 DIVORCIO, ABANDONO DEL DOMICILIO CONYUGAL CUANDO LOS CÓNYUGES VIVEN EN CALIDAD DE ARRIMADOS. Para configurar la causal de divorcio consistente en el abandono del hogar conyugal, se precisa desde luego la existencia del abandono del hogar, y éste no existe cuando los esposos viven en calidad de arrimados en el domicilio de los padres, de otros parientes o de terceras personas, en donde los cónyuges carecen de autoridad propia y libre disposición en el hogar, porque viven en casa ajena y carecen de hogar propio.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Amparo directo 877/93. Martín Pérez Ceja. 4 de enero de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Narváez Bárker. Secretaria: Gabriela Bravo Hernández.

Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, tesis 669, p. 1114.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Época: Octava. Tomo XIII-Febrero. Tesis Aislada.  p. 316. 

12 Lo anterior claramente se aprecia de la siguiente jurisprudencia que evoca la exégesis de la citada causal de divorcio, consistente en la separación de los cónyuges por más de dos años, sin importar la causa de la misma, dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo: 86-2, Febrero de 1995, Tesis: I.4o.C. J/62, p. 31, que textualmente establece:

DIVORCIO. INTERPRETACION DE LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTICULO 267, FRACCION XVIII, DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL.  La disposición en comento establece como causal de divorcio necesario: "La separación de los cónyuges por más de dos años, independientemente del motivo que haya originado la separación, la cual podrá ser invocada por cualesquiera" (sic) "de ellos". Después de haberse hecho un estudio profundo del contenido de esta norma, en el que se tomaron en cuenta una fuente inmediata, las causas reales que la originaron y los fines perseguidos, este Tribunal considera que, la causal de divorcio que contempla, surgió para ajustar la legislación a la realidad social, a fin de regularizar la situación jurídica y fáctica de una gran cantidad de parejas en esta capital, que estando casadas sólo mantienen el vínculo formal, el que en la realidad ha quedado destruido irreversiblemente, habiéndose formado en muchos casos nuevos núcleos familiares debidamente integrados, inclusive, y que por diversos motivos no han promovido o conseguido el divorcio, por lo que es aplicable sólo a quienes se encuentren en esa situación, de modo que para que proceda el divorcio con apoyo en esta causal, deben reunirse los dos siguientes elementos: a) que la separación se dé con el ánimo o propósito de extinguir o dar por concluido el vínculo matrimonial y de dejar de cumplir con los fines del matrimonio y con las obligaciones que de éste se derivan, como pueden ser la ayuda mutua entre los cónyuges, el acuerdo para la educación y formación de los hijos, la perpetuación de la especie, etcétera, ánimo que puede manifestarse en forma expresa o tácita, mediante actos, omisiones o manifestaciones de cualquiera índole que así lo revelen; y b) que ninguno de los cónyuges realice actos tendientes a regularizar esa situación dentro del lapso de la separación, ya sea el ejercicio de la acción de divorcio necesario por alguna de las otras causales, o su tramitación en forma voluntaria, o actos encaminados a la reanudación de la vida en común y al cumplimiento de los fines del matrimonio.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 336/85. María Magdalena Ángeles Rodríguez. 7 de marzo de 1986. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González.

Amparo directo 2109/90. Gaspar Gómez Ruiz. 31 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria.

Amparo directo 3514/90. Francisco Álvarez Contreras. 23 de agosto de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria.

Amparo directo 6024/93. Marco Antonio Mendoza Martínez. 2 de diciembre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández.

Amparo directo 6294/94. José Luis González Monroy. 5 de enero de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Carlos Arteaga Álvarez.

13 CORNEJO CERTIUCHA M., Francisco en Diccionario Jurídico Mexicano. 4ª ed., México, Ed. Porrúa-Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, 1991, p. 1824.

14 ROJINA VILLEGAS, Rafael, Derecho Civil Mexicano, 6ª ed., México, Ed. Porrúa, tomo I, Introducción y Personas, p. 270.

15  Ibídem, p. 273.

16 CORNEJO CERTIUCHA M., Francisco. Op. cit., p. 1827.

17 Idem.

18 ROJINA VILLEGAS, Rafael. Op. cit., pp. 281-282. Consúltese también: CORNEJO CERTIUCHA M., Francisco. Op. cit., p. 1827.

19 FIX ZAMUDIIO, Héctor en Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada, Ed. Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, México, 1985, p.37

20 En tal sentido se pronuncia el artículo 56 del Código Penal Federal, al señalar: ARTÍCULO 56. Cuando entre la comisión de un delito y la extinción de la pena o medida de seguridad entrare en vigor una nueva ley, se estará a lo dispuesto en la más favorable al inculpado o sentenciado. La autoridad que esté conociendo del asunto o ejecutando la sanción, aplicará de oficio la ley más favorable. Cuando el reo hubiese sido sentenciado al término mínimo o al término máximo de la pena prevista y la reforma disminuya dicho término, se estará a la ley más favorable. Cuando el sujeto hubiese sido sentenciado a una pena entre el término mínimo y el término máximo, se estará a la reducción que resulte en el término medio aritmético conforme a la nueva norma.

21 IRRETROACTIVIDAD, GARANTIA DE. NO OBLIGA A APLICAR RETROACTIVAMENTE LA LEY CUANDO BENEFICIA A UN PARTICULAR.  Toda disposición legal tiene una vigencia determinada. Desde que entra en vigor, hasta que se deroga o abroga por una nueva norma, tiende a regular las hipótesis que la misma contiene y que ocurren durante esos dos momentos; por ello se dice que la ley, a partir de la fecha en que entra en vigor, rige para el futuro; esto significa que es apta para regular las situaciones jurídicas que sucedan con posterioridad a su vigencia. Lo anterior, aunado a que, si bien es cierto que el artículo 14 constitucional establece la garantía de la irretroactividad de la ley, cuando sea en perjuicio de alguna persona, del texto del propio artículo no puede desprenderse la existencia de una garantía en sentido contrario; esto es, la Constitución no obliga a que necesariamente se deban aplicar retroactivamente las leyes que introduzcan beneficios para los gobernados.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Amparo directo 1742/89. Javier López Novoa. 31 de enero de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Angelina Hernández Hernández.

Octava Época.  Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: V Segunda Parte-1. p.  266.

22 TOMO LXXXVI, p. 765. Amparo en Revisión 173/42, Sec. 1ª. Le-Vaseur Fernando. 25 de octubre de 1945. Mayoría de 3 votos.

23 TOMO LXXXVI, p. 765. Amparo en Revisión 173/42, Sec. 1ª. Le-Vaseur Fernando. 25 de octubre de 1945. Mayoría de 3 votos.

24 TOMO LXXXI, p. 1590. Amparo Directo 3436/43, Sec. 2ª. Empresa de Teléfonos Ericsson, S.A. 24 de julio de 1944. Unanimidad de 4 votos.

25 Quinta Época,  Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXXI. p. 980 Amparo civil directo 719/40. Ojeda Patiño Sabás y coagraviado. 21 de enero de 1942. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Pardo Aspe. Relator: Hilario Medina.

26 Octava Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación. Tomo: I Primera Parte-1. p. 110.

En el Informe de 1988, esta tesis aparece bajo el rubro: "RETROACTIVIDAD. NO EXISTE DENTRO DE UNA LEY PROCESAL, POR REGLA GENERAL."

27 Octava Época. Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Fuente: Apéndice de 1995. Tomo: Tomo IV, Parte TCC.

Tesis: 532. p. 379. NOTA: Tesis I.2o.C.J/1, Gaceta número 8-9, p. 27, Semanario Judicial de la Federación, tomo I, Segunda Parte-2, p. 824.

28 En igual sentido, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito formó jurisprudencia, publicada con el número 8 en la página 183, tercera parte del Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su Presidente en el año de 1987, la cual quedó integrada el 3 de julio de 1987, bajo el rubro: "DIVORCIO. NO SE DEBE APLICAR RETROACTIVAMENTE LA FRACCION XVIII DEL ARTICULO 267 DEL CODIGO CIVIL PARA DECRETAR EL".

29  Novena Época. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: II, Septiembre de 1995. Tesis: II.1o.C.T.4 C- p.  547.

30 Octava Época. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XIV, Octubre de 1994. Tesis: II. 1o. 174 C. p.   298.

31 Novena Época. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIII, Febrero de 2001. Tesis: VI.2o.C.203 C. p.  1754.

32 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Época: Novena Época. Tomo X, Agosto de 1999. Pleno. Tesis: P./J. 74/99 p. 5. Tesis de Jurisprudencia. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el trece de julio del año en curso, aprobó, con el número 74/1999, la tesis jurisprudencial señalada.

33 DEMANDA. ES ILEGAL DESECHARLA POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).  El artículo 229 del Código de Procedimientos Civiles establece que la demanda debe formularse por escrito y señala cuáles son los requisitos que la misma debe contener. El artículo 230 del mismo ordenamiento, prevé cuáles son los documentos que deben acompañarse a la demanda. Por otra parte, el artículo 237 establece que los jueces desecharán de plano las demandas que no cumplan con las disposiciones que las rigen; y el artículo 238 del mismo cuerpo de leyes, faculta al juez para estudiar previamente su competencia y la personalidad del demandante y preceptúa textualmente: "si decide que es competente y que el promovente tiene la personalidad que ostenta, admitirá la demanda y ordenará emplazar al demandado, si aquélla cumple con los requisitos legales." De los preceptos citados, se desprende que el juzgador sólo puede dejar de admitir una demanda en cualquiera de las siguientes hipótesis: a) si carece de competencia para conocer del juicio que se promueve; b) si el actor no justifica su personalidad; c) si la demanda no satisface los requisitos a que alude el primero de los preceptos citados, o bien, no se acompañan los documentos que exige la segunda de esas disposiciones. Por tanto, una demanda no puede desecharse con fundamento en el artículo 78 del código adjetivo civil del estado, que faculta al juez a no admitir promociones notoriamente improcedentes, dado que este precepto se refiere a las peticiones de las partes con las que se pretenda desvirtuar y entorpecer el curso del procedimiento, pero evidentemente no se refiere al escrito de demanda, para cuya admisión o desechamiento existe disposición expresa. Por consiguiente, si el actor estima que se le está vulnerando un derecho y por eso presenta su demanda, la declaratoria de que tal derecho no existe legalmente, sólo podrá ser materia de la sentencia con la que culmine el juicio y no del auto admisorio de la demanda, porque de ser así, en dicho proveído se estaría resolviendo el fondo del asunto, infringiéndose, por consiguiente, lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 17 constitucional que consagra el derecho subjetivo público de acción, así como lo establecido por el segundo párrafo del diverso 14 de la Carta Magna que estatuye que nadie puede ser privado de sus derechos, sino mediante un juicio seguido ante los Tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo directo 434/94. Ferretera Industrial de Puebla, S. A. de C. V. 9 de marzo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Manuel Marroquín Zaleta. Secretaria: Luz del Carmen Herrera Calderón.

Novena Época, TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: I, Mayo de 1995. Tesis: VI.3o.3 C, p. 357.

34 ACCIÓN. LAS CONDICIONES ESPECIALES PARA SU PROCEDENCIA, DEBEN SER ANALIZADAS DE OFICIO POR EL JUZGADOR EN LA SENTENCIA DEFINITIVA. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).  Es verdad que el artículo 174 del Código de Procedimientos Civiles, establece determinados requisitos formales que deben cumplirse cuando se ejercita una acción, independientemente de cuál sea ésta; (dicho precepto legal estatuye: "Al ejercitarse una acción, se determinará con claridad la prestación que se exige, el título o causa de la acción y la disposición legal aplicable"). El cumplimiento de tales condiciones, debe ser analizado por el juzgador a fin de determinar la admisión o desechamiento de una demanda. Sin embargo, los citados requisitos formales no son los únicos que deben ser analizados oficiosamente por el juzgador, para determinar la procedencia de la acción, pues al momento de fallar, los órganos jurisdiccionales comunes pueden estimar, aun de oficio, tanto los presupuestos procesales como las condiciones necesarias para el ejercicio de la acción. Ahora bien, independientemente de las condiciones que deben satisfacerse para el ejercicio de cualquier acción civil, la Ley de la materia establece también condiciones para la procedencia de las acciones en particular; estas condiciones especiales deben ser estimadas de oficio por el juzgador, en los términos del artículo 456 del citado ordenamiento procesal, en relación con la jurisprudencia número 3, visible a foja 11 de la Cuarta Parte, Tercera Sala del último Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro: "ACCION. ESTUDIO OFICIOSO DE SU IMPROCEDENCIA", pues es obvio que para declarar probada una acción, deben analizarse, tanto las condiciones generales y especiales para su ejercicio, como sus elementos constitutivos.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo directo 214/89. Josefina Morales Ramírez. 20 de junio de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Manuel Marroquín Zaleta. Secretario: Othón Manuel Ríos Flores.

Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia VI.3o.C. J/36, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, septiembre de 2000, p. 593.

35 ACCIÓN. ESTUDIO OFICIOSO DE SU IMPROCEDENCIA.  La improcedencia de la acción, por falta de uno de sus requisitos esenciales, puede ser estimada por el juzgador, aun de oficio, por ser de orden público el cumplimiento de las condiciones requeridas para la procedencia de dicha acción.

Sexta Época:

Amparo civil directo 5587/51. Dean Eaton Mary y coag. 4 de febrero de 1953. Unanimidad de cuatro votos.

Amparo civil directo 1944/54. Lozano Salvador. 2 de agosto de 1954. Cinco votos.

Amparo directo 5150/54. Miguel Hernández Ramírez. 9 de febrero de 1956. Unanimidad de cuatro votos.

Amparo directo 5093/56. Ángela Carreón de Torres. 24 de junio de 1957. Unanimidad de cuatro votos.

Amparo directo 2753/60. Jaime Manuel Álvarez del Castillo. 3 de julio de 1961. Cinco votos.

Sexta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Apéndice de 1995. Tomo: Tomo IV, Parte  SCJN. Tesis: 6. p. 6