¿EXISTE EL DERECHO TURÍSTICO?+

 

 

Karina Vizcaíno López**

 

El turismo ha sido estudiado desde diversos enfoques (económico, sociológico, psicológico, estadístico), sin embargo, pocos investigadores se han preocupado por analizar la actividad turística desde una perspectiva jurídica. Sobre todo, en nuestro país, son escasos los investigadores en turismo y más aún en Derecho Turístico.

Para nosotros resulta valioso el estudio de la actividad turística, en el campo del  Derecho, desde el momento en que percatamos que todo Estado de Derecho tiene como característica fundamental el que toda su organización y funcionamiento, tanto de sus órganos de poder como de sus ciudadanos, y las relaciones que entre ellos se generan, se encuentren cimentados en un marco de legalidad y legitimidad. Lo anterior, hace indispensable la existencia de diversas disposiciones capaces de prever las situaciones que se producen dentro del mismo Estado, y al mismo tiempo, trae como consecuencia, la sistematización del orden jurídico de acuerdo con la materia que regulan y la jerarquización de su obligatoriedad. Dentro de ese universo jurídico, se contempla la regulación del sector turismo.

Hoy en día, diversas disciplinas jurídicas, corrientes doctrinales, políticas, económicas y sociales, permiten dar sustento y un rumbo fijo al turismo con sus propios ingredientes, sistemática y campo de actuación práctica. Sin embargo, antes de que el Derecho en general, considerara al turista nacional o internacional, a las instituciones turísticas y a los prestadores de servicios turísticos, desde un punto de vista formal, materialmente ya existían dos ramas del Derecho que se ocupaban de regular a estos sujetos de derecho; estas dos ramas iniciales fueron: Derecho Internacional Privado y Derecho Mercantil.

Durante el S. XX se efectuó un proceso de descodificación, propiciando con ello la creación de leyes especiales y una verdadera explosión legislativa, debido a que la mayoría de las iniciativas de ley provenían del Ejecutivo, lo cual vino a ocasionar una proliferación de legislación reglamentaria y de órganos paralegislativos, es decir, órganos de administración pública que reciben del legislativo facultades discrecionales para dictar ordenamientos generales. De ahí que en las últimas décadas se observe una gran cantidad de oficinas gubernamentales para enfrentar problemas, dar servicios, y proteger determinados intereses. Esta tendencia pretende mezclar ramas del Derecho Administrativo con las del Derecho Mercantil, debido a la injerencia directa e indirecta que tiene el derecho Administrativo en la actividad comercial.

Nosotros estamos conscientes que para poder responder a la interrogante que manejamos como título (¿Existe el Derecho Turístico?), es menester comprender el marco jurídico del turismo; dicho marco jurídico se conforma por legislación, jurisprudencia, tratados internacionales, declaratorias, normas oficiales mexicanas, principios de Derecho y costumbre. Todo ello, hasta hoy día, no se encuentra sistematizado y ordenado bajo una misma disciplina jurídica. De tal suerte que para tener conocimiento de la regulación jurídica del turismo, no sólo tenemos que acudir a material especializado en Derecho Internacional Público y Privado, Derecho  Administrativo, Derecho Mercantil,  o simplemente en Turismo, sino también, vemos la necesidad de recurrir al Derecho Constitucional, Derecho Económico, Derecho Financiero, Derecho Fiscal, Derecho Civil, Derecho del Trabajo, Derecho Penal, e inclusive al Derecho Procesal.

Todo este conglomerado de ramas de Derecho y fuentes mencionadas, nos permiten apreciar que para poder entender el marco jurídico del turismo es indispensable realizar un estudio multidisciplinar, ya que el turismo es una actividad sumamente compleja.

Desde el momento en que percatamos la complejidad de la actividad turística, nos damos cuenta que para el análisis jurídico del turismo, son básicas y necesarias las relaciones que le dan vida y sustento y, sobre todo, que le permiten alcanzar su consolidación, ya que no se puede ver al turismo como un fenómeno aislado, sino como un producto cultural interdisciplinario. Es así como podemos destacar las siguientes relaciones entre el turismo y diversas ramas del Derecho Público, Privado y Social.

El turismo se vincula estrechamente con el Derecho Constitucional en cuanto que este último, le proporciona los lineamientos generales de los derechos constitucionales del turista y de los prestadores de servicios turísticos, así como las atribuciones y obligaciones que tienen los tres poderes públicos para legislar, administrar y establecer las bases de las facultades jurisdiccionales para lograr la consagración de las garantías constitucionales de aquellas y las funciones, organización y estructura de los poderes públicos relacionados con el turismo.

Aún más destacada es la relación que guarda el turismo con el Derecho Administrativo, ya que esta disciplina jurídica organiza la actividad turística al concebirla como un servicio público, en donde el Estado-nación es el primer interesado en el fomento, control y desarrollo del turismo. El Estado, en este caso, tiene el deber de ejercer una facultad de policía administrativa, que oriente y controle a los prestadores de servicios turísticos, mismos que no sólo deben actuar con criterios exclusivamente lucrativos sino de justicia social.

El turismo al concebirse como actividad del sector terciario de la economía, es decir, como servicio público, requiere, también, de toda esa serie de valores, principios, normas e instituciones que le proporcionan el Derecho Económico para orientar el desarrollo y estimular su crecimiento desde una visión jurídico-económica. Así mismo, observamos que la actividad turística tiene injerencia directa con el Derecho Financiero, ya que éste le proporciona al turismo los lineamientos elementales para dirigir las finanzas públicas, y en el caso particular del turismo, autorizar la inversión pública estimada y analizar de qué manera se ha ejercido ésta, en beneficio de dicho sector.

El Derecho Fiscal, como rama del Derecho Público, comprende un conjunto de normas jurídicas que sistematizan y regulan los ingresos fiscales del Estado. Simplemente, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le corresponde, entre otras atribuciones, participar en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, respecto de la definición de las políticas financiera, fiscal y crediticia, considerar los efectos de la política monetaria y crediticia, así como de los precios y tarifas de los bienes y servicios de la Administración Pública Federal, en el logro de sus objetivos y prioridades. Desde esta perspectiva, el Derecho Fiscal guarda una relación estrecha y permanente con el turismo; por ejemplo, el proceso de fiscalización de hoteles, transportes y centros de diversión, así como la fijación de precios estables y normales, competen a la rama del Derecho Fiscal.

También el turismo tiene gran conexión con el Derecho Internacional Público y con el Derecho Internacional Privado. Con el primero, en cuanto que el turismo y su regulación jurídica no sólo tiende a fomentar las relaciones con sus connacionales, sino con las demás naciones; de ahí que surja la necesidad de un Derecho más extenso, que sea capaz de reglamentar las relaciones internacionales. Por otra parte, el Derecho Internacional Privado ha asignado un conjunto de derechos y obligaciones al extranjero que permanece temporalmente en un país distinto al suyo en calidad de turista1; de manera que las relaciones y actos que un turista nacional o extranjero ejecuta fuera de su lugar de residencia habitual, necesariamente quedan sujetas a la competencia de otras legislaciones, distintas a la propia, mismas que, en  caso de un conflicto jurídico, pueden llegar a aplicarse para resolverlo. Así por ejemplo, a través de la Ley General de Población, es posible identificar y regular los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen, estructura, dinámica y distribución en el territorio nacional, con el fin de lograr que participe justa y equitativamente de los beneficios del desarrollo económico y social, tal y como sucede en los asuntos de orden migratorio los cuales guardan estrecha relación con la actividad turística, y que al respecto el artículo 7º de esta Ley, señala que a la Secretaría de Gobernación corresponde:

 “I. Organizar y coordinar los distintos servicios migratorios;

 II. Vigilar la entrada y salida de los nacionales y extranjeros, y revisar la documentación de los mismos;

 III. Aplicar esta Ley y su Reglamento; y

 IV. Las demás facultades que le confieran esta Ley y su Reglamento así como otras disposiciones legales o reglamentarias.”

También la Secretaría de Gobernación, en atención al artículo 10 de la Ley en mención, tiene la facultad exclusiva de fijar los lugares destinados al tránsito de personas y regular el mismo, por puertos marítimos, aéreos y fronteras, previa opinión de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Comunicaciones y Transportes, Salubridad y Asistencia, Relaciones Exteriores, Agricultura y Ganadería y en su caso la de Marina2; asimismo consultará a las demás dependencias y organismos que juzgue conveniente. Las dependencias y organismos que se mencionan, están obligados a proporcionar los elementos necesarios para prestar los servicios que sean de sus respectivas competencias.

Por otra parte, es posible percatar la relación que guarda el turismo con ramas del Derecho Privado, como son el Derecho Civil y el Derecho Mercantil, ya que estas disciplinas ordenan particularmente los actos de los sujetos activos y pasivos del turismo en sus relaciones que, como particulares, realizan recíprocamente.

El Derecho Civil, por su parte, regula los atributos de las personas tanto físicas como morales, organiza jurídicamente a la familia y al patrimonio, determinando las relaciones de orden económico entre los particulares que no tienen contenido mercantil, agrario o laboral; tal sería el caso de la aplicación supletoria del Código Civil para regular la celebración de un contrato de hospedaje, entre el sujeto activo (turista) y el representante del hotel (prestador del servicio); la compra de un paquete vacacional en una agencia de viajes; el arrendamiento de un vehículo, la prestación de servicio de autotransporte. Los ejemplos que acabamos de manejar, no quedan exentos de que en ellos no se cumpla con las condiciones establecidas al momento de pactar la prestación del servicio; simplemente, la prestación del servicio de autotransporte federal sin el permiso respectivo o con vehículos cuyas condiciones no cumplan con los reglamentos correspondientes, es necesario acudir supletoriamente a disposiciones concernientes en materia civil para resolver dichas anormalidades e imponer la sanción que amerita por dicha infracción.

Por lo que respecta al Derecho Mercantil, éste regula los actos de comercio, el estado de los comerciantes, las cosas mercantiles y la organización y explotación de la empresa comercial; de ahí que, tradicionalmente, éste sea el encargado de regular los derechos y obligaciones de los prestadores de servicios turísticos que realizan sus servicios de una manera habitual o profesional asimilándolos a los comerciantes (artículos 73 y 1050 del Código de Comercio).

El Derecho del Trabajo también, guarda un vínculo estrecho con el turismo puesto que le permite regular las relaciones laborales que tienen injerencia con la actividad turística, especialmente entre los prestadores de servicios turísticos que tienen a su cargo trabajadores. De manera que la generación de empleos que se propicia de la actividad turística requiere del sustento del Derecho Laboral para normar adecuadamente las relaciones obrero-patronales que surgen de esta generación de empleos. Por otra parte, nos permite identificar y reconocer que, al igual que otras prerrogativas concedidas jurídicamente a las masas trabajadoras, como el derecho a la salud y a la educación, el derecho al descanso y su disfrute mediante la actividad turística representa, un derecho más de la clase trabajadora el cual debe de otorgar el patrón, así como las prestaciones de ley (vacaciones, prima vacacional, prestamos…) a fin de brindar al trabajador las facilidades para poder llevar a la práctica la actividad turística.

El Derecho Ecológico, por su parte, proporciona al turismo, las normas, principios e instituciones para lograr la conservación y mejora del medio ambiente. En la persecución de sus objetivos, aplica normas de higiene, salud y, por su puesto, ecológicas (Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente).

El turismo también se vincula con el Derecho Penal, ya que bien podría darse el caso en que un turista o un prestador de servicios turísticos se convierta en sujeto pasivo o activo de delito, en donde se vean seriamente afectados o dañados bienes o intereses jurídicos que deben ser tutelados por el Derecho. Así por ejemplo, en el caso de comisión de delitos en aeronaves, se estará a lo dispuesto por el Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal. Otro ejemplo, es el delito de fraude; en situaciones como las que acabamos de ejemplificar, es indispensable recurrir a esta rama del Derecho Público ya que a través de la vía penal es posible hacer del conocimiento de las autoridades, la conducta delictiva y así mismo denunciarla para que se pueda ejercitar el derecho de acción y después de un proceso judicial sea posible sentenciar de la manera más justa, teniendo presente que el fin inmediato es la creación y conservación del orden social. 

En el desarrollo de la actividad turística, es común que surjan conflictos jurídicos los cuales sólo encuentran solución a través de un proceso judicial; de manera que, necesariamente, el turismo requiere del Derecho Procesal para regular las formas del proceso y cada una de las actuaciones que se dan con motivo del mismo. Es preciso señalar, que los conflictos jurídicos suscitados en materia turística no sólo encuentran resolución por medio de procedimientos jurisdiccionales, sino también a través de medios alternativos de controversias (por ejemplo: el arbitraje comercial) y de procedimientos administrativos.

En la actualidad, algunos doctrinarios manejan la posibilidad de la existencia de un Derecho Turístico autónomo, ya que, según su punto de vista, han emanado un sinnúmero de leyes que el Estado ha promulgado para regular el fenómeno del turismo y porque han surgido órganos y autoridades encargados de su aplicación, los cuales constituyen elementos que sirven de fundamento para su creación.

Entre los que apoyan la existencia de un Derecho Turístico autónomo encontramos al Doctor José Luis Villaseñor Dávalos, quien lo define como “un conjunto o cuerpo de normas jurídicas que con motivo del turismo, regula los actos y relaciones que se dan entre el turista, los prestadores de servicios turísticos y el Estado.”3

Para Bonet Correa, el Derecho Turístico se integra por normas del Derecho Público y normas del Derecho Privado; de ahí que se observe su naturaleza compleja y ambivalente, en cuanto, que participa de la esfera pública y de la privada. Además, se trata de un sistema normativo complejo, con una parte sustantiva y otra adjetiva, exigibles tanto en la esfera pública como privada (vía administrativa y vía civil) y penalmente sancionado (vía disciplinaria penal) 4.

En el actuar del turista, predominan las relaciones de tipo privado, por ejemplo, cuando compra un boleto en una agencia de viajes, realiza un contrato de compraventa o transporte; cuando se aloja en hotel y consume alimentos, realiza un contrato de hospedaje. Todas estas actividades anteriormente mencionadas, invaden el ámbito privado al involucrar sólo a particulares; sin embargo, cuando el turista llega a ejercitar el derecho de acción, al presentar una queja, ante las autoridades turísticas para hacer valer sus intereses jurídicos frente al prestador de servicios turísticos, entonces estaremos en presencia de una relación de carácter público.

El Derecho Turístico, en atención a lo comentado en el párrafo anterior, goza de un carácter ambivalente ya que constituye un Derecho material y un Derecho formal. Es considerado Derecho material en cuanto que determina los derechos y obligaciones de las personas jurídicas que intervienen en la relación que surge con motivo de la actividad turística; se trata de un Derecho formal en tanto que determina las formas de los actos jurídicos y los procedimientos judiciales.

En razón a lo antes señalado, a la importancia que reviste la actividad turística, y en atención al  extenso y complejo marco jurídico en el cual se sustenta el turismo, pero sin la adecuada sistematización, nos lleva a proponer la creación formal del Derecho Turístico.

 

FUENTES DE INFORMACIÓN

 

1.      BECERRA Ramírez, Manuel. Derecho Internacional Público. Mc Graw Hill, México, 1997.

2.      CASTELLANOS, Fernando. Lineamientos Elementales de Derecho Penal. 34ª ed., Porrúa, México, 1994.

3.      CUEVA, Mario de la. El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. Porrúa, México, 1993.

4.      DELGADILLO Gutiérrez, Humberto y Manuel Lucero Espinosa. Introducción al Derecho Positivo Mexicano, Limusa Noriega Editores, México, 1999.

5.      Diccionario Jurídico Mexicano. 9ª ed., Porrúa/UNAM, México, 1996.

6.      FERNÁNDEZ Martínez, Refugio de Jesús. Derecho Fiscal. Mc Graw Hill, México, 1999.

7.      RANGEL Couto, Hugo. El Derecho Económico, 2ª ed., Porrúa, México, 1982.

8.      SÁNCHEZ Gómez, Narciso. Derecho Fiscal Mexicano, 2ª ed., Porrúa, México, 2001.

9.      SANTOS Azuela, Héctor. Nociones de Derecho Positivo Mexicano, Alhambra Mexicana, México, 1996.

10.  WITKER V., Jorge. Derecho Económico, Harla, México,  1992.

11.  VILLASEÑOR Dávalos, José Luis. Derecho Turístico Mexicano. Harla, México, 1992.

 

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* Abstracto del trabajo realizado durante la estancia del VI Verano de la Investigación del Pacífico en la Universidad Latina de América y presentado en el VI Congreso del Verano Delfín celebrado en Acapulco, Guerrero, los días 29, 30 y 31 de agosto de 2001.

** Alumna de licenciatura en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo que realizó su estancia de investigación en la UNLA durante los meses de julio y agosto de 2001.

1 En atención al artículo 41 de la Ley General de Población, los extranjeros podrán internarse legalmente en el país de acuerdo con las siguientes calidades:

 a) No Inmigrante.

  b) Inmigrante.”

Por no Inmigrante, se debe entender “el extranjero que con permiso de la Secretaría de Gobernación se interna en el país temporalmente, dentro de alguna de las siguientes características:”  (Artículo 42 de la Ley General de Población)

  I. TURISTA. Con fines de recreo o salud, para actividades artísticas, culturales o deportivas, no remuneradas ni lucrativas, con temporalidad máxima de seis meses improrrogables.

 II. TRANSMIGRANTE. En tránsito hacia otro país y que podrá permanecer en territorio nacional hasta por treinta días.

III. VISITANTE. Para dedicarse al ejercicio de alguna actividad lucrativa o no, siempre que sea lícita y honesta, con autorización para permanecer en el país hasta por un año. Cuando el extranjero visitante: durante su estancia viva de sus recursos traídos del extranjero, de las rentas que éstos produzcan o de cualquier ingreso proveniente del exterior; su internación tenga como propósito conocer alternativas de inversión o para realizar éstas; se dedique a actividades científicas, técnicas, de asesoría, artísticas, deportivas o similares; se interne para ocupar cargos de confianza, o asistir a asambleas y sesiones de consejos de administración de empresas; podrán concederse hasta cuatro prórrogas por igual temporalidad cada una, con entradas y salidas múltiples.

IV. MINISTRO DE CULTO O ASOCIADO RELIGIOSO. Para ejercer el ministerio de cualquier culto, o para la realización de labores de asistencia social y filantrópicas, que coincidan con los fines de la asociación religiosa a la que pertenezcan, siempre que ésta cuente con registro previo ante la Secretaría de Gobernación y que el extranjero posea, con antelación, el carácter de ministro de culto o de asociado en los términos de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. El permiso se otorgará hasta por un año y podrán concederse hasta cuatro prórrogas por igual temporalidad cada una, con entradas y salidas múltiples.

V. ASILADO POLÍTICO. Para proteger su libertad o su vida de persecuciones políticas en su país de origen, autorizado por el tiempo que la Secretaría de Gobernación juzgue conveniente, atendiendo a las circunstancias que en cada caso concurran. Si el asilado político viola las leyes nacionales, sin perjuicio de las sanciones que por ello le sean aplicables, perderá su característica migratoria, y la misma Secretaría le podrá otorgar la calidad que juzgue conveniente para continuar su legal estancia en el país. Asimismo, si el asilado político se ausenta del país, perderá todo derecho a regresar en esta calidad migratoria, salvo que haya salido con permiso de la propia Dependencia.

VI. REFUGIADO. Para proteger su vida, seguridad o libertad, cuando hayan sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público en su país de origen, que lo hayan obligado a huir a otro país. No quedan comprendidos en la presente característica migratoria aquellas personas que son objeto de persecución política prevista en la fracción anterior. La Secretaría de Gobernación renovará su permiso de estancia en el país, cuantas veces lo estime necesario. Si el refugiado viola las leyes nacionales, sin perjuicio de las sanciones que por ello le sean aplicables, perderá su característica migratoria y la misma Secretaría le podrá otorgar la calidad que juzgue procedente para continuar su legal estancia en el país. Asimismo, si el refugiado se ausenta del país, perderá todo derecho a regresar en esta calidad migratoria, salvo que haya salido con permiso de la propia Secretaría. El refugiado no podrá ser devuelto a su país de origen, ni enviado a cualquier otro, en donde su vida, libertad o seguridad se vean amenazadas.

La Secretaría de Gobernación podrá dispensar la sanción a que se hubiere hecho acreedor por su internación ilegal al país, al extranjero a quien se otorgue esta característica migratoria, atendiendo al sentido humanitario y de protección que orienta la institución del refugiado.

VII. ESTUDIANTE. Para iniciar, terminar o perfeccionar estudios en instituciones o planteles educativos oficiales, o incorporados con reconocimiento oficial de validez, o para realizar estudios que no lo requieran, con prórrogas anuales y con autorización para permanecer en el país sólo el tiempo que duren sus estudios y el que sea necesario para obtener la documentación final escolar respectiva, pudiendo ausentarse del país, cada año, hasta por 120 días en total; si estudia en alguna ciudad fronteriza y es residente de localidad limítrofe, no se aplicará la limitación de ausencias señalada.

VIII. VISITANTE DISTINGUIDO. En casos especiales, de manera excepcional, podrán otorgarse permisos de cortesía para internarse y residir en el país, hasta por seis meses, a investigadores, científicos o humanistas de prestigio internacional, periodistas o a otras personas prominentes. La Secretaría de Gobernación podrá renovar estos permisos cuando lo estime pertinente.

 IX. VISITANTES LOCALES. Las autoridades de Migración podrán autorizar a los extranjeros a que visiten puertos marítimos o ciudades fronterizas sin que su permanencia exceda de tres días.

 X. VISITANTE PROVISIONAL. La Secretaría de Gobernación podrá autorizar como excepción hasta por 30 días, el desembarco provisional de extranjeros que lleguen a puertos de mar o aeropuertos con servicio internacional, cuya documentación carezca de algún requisito secundario. En estos casos deberán constituir depósito o fianza que garantice su regreso al país de procedencia, de su nacionalidad o de su origen, si no cumplen el requisito en el plazo concedido.

XI. CORRESPONSAL. Para realizar actividades propias de la profesión de periodista, para cubrir un evento especial o para su ejercicio temporal, siempre que acredite debidamente su nombramiento o ejercicio de la profesión en los términos que determine la Secretaría de Gobernación. El permiso se otorgará hasta por un año, y podrán concederse prórrogas por igual temporalidad cada una, con entradas y salidas múltiples.

  Todo extranjero que se interne al país como No Inmigrante, podrá solicitar el ingreso de su cónyuge y familiares en primer grado, a los cuales podrá concedérseles, cuando no sean titulares de una característica migratoria propia, la misma característica migratoria y temporalidad que al No Inmigrante, bajo la modalidad de dependiente económico.

Por otra parte, debemos entender que “Inmigrado es el extranjero que adquiere derechos de residencia definitiva en el país.” (Artículo 52 de la Ley General de Población).

2 El artículo 11 de la Ley General de Población establece que: el tránsito internacional de personas por puertos, aeropuertos y fronteras, sólo podrá efectuarse por los lugares designados para ello y dentro del horario establecido, con la intervención de las autoridades migratorias.

 Por su parte el artículo  20, estipula que la Secretaría de Gobernación reglamentará de acuerdo con las particularidades de cada región, las visitas de extranjeros a poblaciones marítimas, fronterizas y aeropuertos con tránsito internacional. Lo mismo se observará respecto del tránsito diario entre las poblaciones fronterizas y las colindantes del extranjero, respetando en todo caso los tratados o convenios internacionales sobre la materia.

3 Villaseñor Dávalos, José Luis. Derecho turístico mexicano. Harla, México, 1992, p.31.

4 Bonet Correa, José. La legislación turística comparada y su evolución actual. Cuadernos monográficos, núm. 2, Instituto de Estudios Turísticos, Madrid, 1965, pp.206 y ss. Cit. por: Villaseñor Dávalos, José Luis. Derecho turístico mexicano. Harla, México, 1992, p.33.